El Fondo Monetario Internacional volvió a marcarle el rumbo al gobierno de Javier Milei tras aprobar un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares para la Argentina. Junto con el envío de fondos, el organismo internacional difundió una serie de condiciones que el Ejecutivo deberá cumplir antes de fin de año y que ya generan fuerte polémica política y social.
Entre las principales exigencias aparecen modificaciones tributarias y laborales que podrían impactar directamente sobre trabajadores, jubilados y sectores medios. Según trascendió, el FMI reclama ampliar la base de contribuyentes del impuesto a las Ganancias, actualizar escalas del monotributo, reducir subsidios y avanzar con reformas estructurales vinculadas al gasto público.
El nuevo acuerdo se enmarca dentro del programa de facilidades extendidas firmado por el Gobierno nacional con el organismo internacional. Desde el oficialismo sostienen que las medidas son necesarias para mantener el equilibrio fiscal y garantizar la estabilidad macroeconómica, mientras que sectores opositores y economistas críticos advierten sobre un posible aumento del ajuste económico y el deterioro del consumo interno.
El informe publicado este miércoles señala además que el FMI espera profundizar las reformas económicas impulsadas por la gestión libertaria, incluyendo cambios en materia laboral, previsional y tributaria. En paralelo, el Gobierno celebra el respaldo financiero internacional como una señal de confianza hacia el programa económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las nuevas condiciones reavivaron el debate sobre el nivel de endeudamiento del país y el impacto social de las políticas de ajuste. Distintos sectores sindicales, sociales y políticos ya anticiparon cuestionamientos ante posibles reformas que afecten salarios, jubilaciones y derechos laborales.
📌 El desembolso aprobado eleva a unos 15.000 millones de dólares el total recibido por la Argentina dentro del actual acuerdo con el organismo internacional.
